Santa fe,  Domingo 16 de Diciembre de 2018 - 22:45 Temp: C
¿SERÁ JUSTICIA?
En 10 años, siete jueces y un fiscal se jubilaron con asuntos disciplinarios pendientes
En los últimos diez años hubo siete jueces y un fiscal de Cámara que se jubilaron con asuntos disciplinarios pendientes. Eso significa que los magistrados optaron por jubilarse antes de enfrentar un proceso de enjuiciamiento que los podía llevar a la destitución.
Tapa | Noticia | 03-10-2018
Fuente: Uno Santa Fe

Ese era el camino que había elegido el juez penal de Vera, Nicolás Muse Chemes. Sin embargo, el gobernador Miguel Lifschitz le rechazó su renuncia el 11 de septiembre pasado y este martes el tribunal de enjuiciamiento entendió que había elementos para iniciar un proceso de investigación y que el estado de derecho requiere que se investiguen los hechos denunciados contra los magistrados. De forma paralela y ante la negativa, Muse Chemes interpuso un amparo para poder jubilarse y evitar el proceso de enjuiciamiento.
En estos últimos diez años el primer caso de un magistrado que se acogió al beneficio de la jubilación antes de sufrir un posible proceso de enjuiciamiento fue el de Pedro Norberto Guevara, a quien el entonces gobernador, Hermes Binner, le aceptó la renuncia como juez de primera instancia de distrito en lo penal de instrucción de los Tribunales de Santa Fe, el 11 de junio de 2009, con el Decreto Nº 1.070.
Luego, el 20 de agosto de 2010, mediante los decretos Nº 1.490 y 1.491, Binner les aceptó la renuncia al fiscal de Cámara de Apelación Nº 11 de la ciudad de Santa Fe, Arealdo Dante Bertoldi; y al juez de primera instancia de distrito en lo penal de instrucción de la cuarta nominación de la ciudad de Santa Fe, Rubén Saurín.
Este último caso fue el que sentó el primer precedente para que el Poder Ejecutivo quede prácticamente atado de pies y manos ante el pedido de renuncia de un juez para acogerse a los beneficios de la jubilación. A Saurín se le había rechazado la renuncia debido a las causas que afrontaba. Sin embargo, el magistrado interpuso un amparo ante el juzgado de primera instancia de distrito en lo laboral de la 3ª nominación de Santa Fe, que hizo lugar a la acción declarando inconstitucional el Decreto Nº 737/2010, con el que se rechazaba la renuncia de Saurín.
El último decreto que firmó Binner para aceptar la renuncia de un juez fue el Nº 1.423. Así accedía al beneficio de la jubilación el juez de primera instancia de distrito del Tribunal Colegiado de Familia Nº 3, del distrito judicial Nº 2, con sede en Rosario, Raúl Héctor Tierra.
Antonio Bonfatti jubiló a dos jueces con asuntos disciplinarios pendientes durante su gobernación. El primer caso fue el 22 de agosto de 2012, con el Decreto Nº 2.368, con el cual aceptó la renuncia del juez de primera instancia en lo civil y comercial de la segunda nominación, con asiento en los Tribunales de Rosario, Luis Alberto Ramunno, quien se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria a partir del 1 de diciembre de 2012.
El otro caso fue el del juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial de la sexta nominación de la circunscripción judicial Nº 1, con sede en Santa Fe, Norberto Francisco Berlanga. El decreto firmado el 7 de septiembre de 2012 fue el Nº 2.489.
Por último, el 19 de febrero de 2016, el gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto Nº 0170 para aceptarle la renuncia a Virgilio David Palud al cargo de juez de primera instancia de distrito en lo penal de instrucción de los Tribunales de Reconquista.
En este último documento –como así también en las renuncias aceptadas por el ex Gobernador Bonfatti– el Ejecutivo provincial argumentó por qué se le aceptaba la renuncia a magistrados que tenían procesos disciplinarios pendientes y en uno de los párrafos del Decreto expresa “que en anteriores oportunidades cuando este Poder Ejecutivo se ha negado a aceptar la renuncia de magistrados con asuntos disciplinarios pendientes (vgr. Decreto 737/10) se han generado procesos judiciales de amparo que llevaron a revertir esta decisión (vrg. Decreto Nº1491/10), indicando el juzgado interviniente a favor del magistrado amparista que la no aceptación de la misma impediría el acceso al beneficio previsional al que optó el renunciante en ejercicio de sus derechos subjetivos, para el cual reúne los requisitos legales y respecto del cual acuden en su resguardo garantías constitucionales”.
Al mismo tiempo, se explica que “a los fines de evitar que la provincia de Santa Fe quede en una situación jurídica judicial desventajosa y al haber sido ratificada la renuncia por parte del Poder Judicial corresponde dar curso favorable a la gestión”.
Cómo es el proceso de enjuiciamiento
La Constitución de la provincia establece un mecanismo complejo para la destitución de jueces que comienza con la constitución de un tribunal de enjuiciamiento de magistrados. El mismo está compuesto por los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, un diputado, un senador y dos abogados de la matrícula, los que serán sorteados entre los cinco (5) titulares remitidos por los Colegios de Abogados de las cinco (5) circunscripciones judiciales de la Provincia.
En esa conformación, el Poder Judicial tiene mayoría y una de las quejas recurrentes de los legisladores es que en caso de llegar a una votación siempre termina 6 a 4. Si se quiere cambiar esa mecánica, hay que reformar la Constitución de la provincia. De hecho este fue uno de los puntos que se puso en debate en la sesión especial de la Cámara de Diputados del 29 de agosto donde el oficialismo no consiguió los votos para tratar sobre tablas la reforma de la carta magna.
El proceso para enjuiciar a un juez por mal desempeño se abre ante la denuncia de cualquier persona. Luego, es el procurador General de la Corte quien evalúa los hechos y los eleva al tribunal de enjuiciamiento que debe determinar, a partir de los primeros elementos que se presentan junto a la denuncia, si le dan la admisibilidad a la presentación contra el magistrado.
Cualquier demora que tenga el tribunal de enjuiciamiento en este punto del proceso de enjuiciamiento terminará favoreciendo a los acusados que con el paso del tiempo se benefician a partir de que mejoran sus posibilidades de jubilarse sin someterse el proceso de enjuiciamiento.
Este es un punto clave del proceso porque, en caso de ser así, el juez denunciado tendrá la oportunidad –en caso de cumplir con ciertos requisitos– de jubilarse y dejar archivado el proceso iniciado en su contra. Pero el juez denunciado deberá tomar esa decisión antes de que el tribunal se expida sobre la admisión o no de la denuncia en su contra y el Procurador lo acuse.
Una vez que eso suceda, el magistrado, conforme a precedentes del tribunal de enjuiciamiento, si bien puede renunciar a su cargo y jubilarse si cumple los requisitos legales, continúa sujeto al proceso de enjuiciamiento y puede ser destituido. En otras palabras, podría cambiar la causal de cese en el cargo (en vez de renuncia, será destitución), pero llevándose a cabo el proceso de enjuiciamiento, por lo que se podrá saber a ciencia cierta si el magistrado merece o no reproche disciplinario.
Si el magistrado decide enfrentar el proceso el siguiente paso será el de la acusación, que será llevada adelante por el procurador General de la Corte. Ese funcionario será el encargado de reunir todas las pruebas y exponerlas ante el tribunal para que luego emita un fallo.
La jubilación de los jueces
Para que un magistrado pueda jubilarse, básicamente hay dos requisitos: tener 30 años de servicio y llegar a los 65 años los hombres o 60 años las mujeres. Sin embargo, si los jueces –como todos los agentes públicos– tienen más años de servicios que los 30 que se exigen, los pueden canjear para llegar a la edad necesaria (65 años) para jubilarse.
La Constitución de la provincia, en su última modificación de 1962, fijó una edad jubilatoria máxima para los jueces en los 65 años. Sin embargo, la reforma de la Constitución nacional, en 1994, fijó la edad jubilatoria en los 75 años y abrió una puerta a los magistrados santafesinos para que no tengan que irse a su casa tan temprano.
Así lo entendió Casiano Rafael Iribarren, quien en 1999 interpuso una acción declarativa de certeza para no tener que jubilarse a los 65 años, sino a los 75. A los tres meses de conseguir un fallo a favor, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fayt, consigue que se declare la inconstitucionalidad del tope de 75 años para poder seguir ejerciendo como ministro del máximo tribunal.
Pero en marzo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mayoría resolvió la causa “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional” y reconoció las facultades de la Convención Constituyente de 1994 y restableció el límite constitucional de 75 años de edad para la función judicial, cuestión que en diferentes ámbitos institucionales de la Provincia de Santa Fe se debate respecto de si resulta aplicable a la misma.
El caso del juez de Vera, Nicolás Muse Chemes, vuelve a poner en debate público el proceso de enjuiciamiento a los magistrados. Los fallos en los que absolvió a personas acusadas de cometer delitos contra la integridad sexual de menores generó fuertes críticas de dirigentes políticos y organizaciones sociales que le terminaron dando una base donde apoyarse al gobernador para intentar rechazar la renuncia del juez y que el tribunal de enjuiciamiento inicie el proceso.
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